Publicado: Mar, 21 May, 2013

Soportar sin protestar

Arturo Feliciano Acosta Guillén, de 67 años, como otros tantos opositores, desconoce que los agentes del Ministerio del Interior necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Un método que con frecuencia utiliza la Seguridad del Estado cubano para impedir a los disidentes, ejercer sus derechos a reunirse, manifestarse y asociarse libremente. La diligencia investigativa está regulada en la Ley de Procesos Penales, precisamente para evitar que los ciudadanos sean molestados innecesariamente. Sin embargo, en la práctica, ninguna autoridad cumple los requisitos legales para citar a una persona.

Acosta Guillén actualmente vive en Guantánamo, su provincia natal, a 965 km de la Habana. Lleva 9 años de trabajo como Observador Especial en las provincias orientales, para la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, liderada por Elizardo Sánchez. Al igual que la mayoría de los disidentes, Arturo recibió varias citaciones del Jefe de Sector policial de su localidad. En su casa cobijó a varias Damas de Blanco que visitaban a sus esposos, presos políticos, en centros de reclusión guantanameros. En los encuentros le demandaron dejar de reunirse con personas antisociales.

El motivo de la citación puede ser cualquiera, una “entrevista” o aclarar “su situación personal”. El documento debe ser expedido y firmado por el secretario de un tribunal, pero normalmente lo expide el propio MININT y lo rubrica cualquier oficial sin consignar sus datos personales y cargo. La Seguridad del Estado con la citación oficial coacciona a los disidentes. Sus agentes al igual que los policías, para obligarlos a personarse ante los represores, en el aviso les advierten que la incomparecencia será penada con 500 pesos. La ley prevé para la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, la primera vez una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento por un delito de desobediencia. La norma obliga a concurrir a la citación hecha formalmente, pero también advierte que son nulas las que no cumplan los requisitos legales.

Lamentablemente la mayoría de los disidentes desconocen la ley y aceptan como válidas citaciones ilegales. Ignoran que los únicos legalmente facultados para citarlos, son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad. Cuanto más pueden hacer, es entregar del documento. Acosta Guillén considera que las citaciones son una forma de acoso rutinaria para que los disidentes sientan la presión de la policía política. Sin embargo, al igual que la mayoría de los opositores nunca se ha quejado por la represión y acoso a las autoridades y mucho menos por ser citado sin cumplir los requisitos legales.

Asegura “cuando hay varias citaciones ya es hostigamiento” y recomienda a las personas que están en esa situación quejarse. Sus años de experiencia y el trabajo en la disidencia le enseñaron que no se debe soportar de forma pasiva la represión. Arturo aprendió que no denunciar la impunidad y exceso de poder que otorga el Estado a los órganos represivos, así como permitir a los agentes de la autoridad incumplir las normas legales, es ser parte de las violaciones de los derechos humanos. Concuerda en que soportar sin protestar es una forma de estar conforme.

 

Por Laritza Diversent

 

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