Publicado: Mie, 13 Nov, 2013

Ocupantes reclaman legalización de terrenos

IMG_20131030_112425 La Habana. Un grupo de familias cubanas que no tienen donde vivir reclaman al gobierno, en la provincia de Mayabeque, el otorgamiento de títulos de propiedad para unos terrenos estatales no utilizados que mantienen ocupados desde inicios de año.

Los ocupantes forman parte de un movimiento que se generó en febrero pasado en la localidad El Sopapo, ubicada en la provincia Mayabeque, a 28 kilómetros de la capital, La Habana. La mayoría son migrantes que se desplazaron desde la región oriental del país en busca de vivienda y trabajo.

Durante el primer trimestre del año el movimiento aglutinó a más de 30 familias. Después de un período de persecución de las autoridades y de imposición de multas, el grupo de familias se redujo a cinco. Las tierras en disputa, que pertenecen a una empresa agropecuaria, por 50 años han permanecido cubiertas de basura y malezas.

Según dio a conocer Dania María Serrano Mastrapa, miembro del movimiento, las exigencias de legalización se desarrollan desde octubre ante las sedes del Poder Popular y la Dirección Municipal de Vivienda -DMV- en Batabanó, municipio al cual pertenece El Sopapo.

En espera de un posible operativo de desalojo, Serrano Mastrapa explicó que se decidieron a reclamar luego que la DMV entregó el título de propiedad de una de las parcelas ocupadas a un matrimonio que trabaja para el Ministerio del Interior -MININT-.

“Este gobierno habla mucho de igualdad pero en la práctica es una de las tantas mentiras”, comentó Serrano Mastrapa insinuando que las autoridades locales habían favorecido al matrimonio del MININT. “Llegamos aquí en la misma época, su casa tiene menos condiciones que la nuestra para recibir el habitable, hemos hecho las mismas gestiones y, sin embargo, Vivienda les legalizó el terreno solo a ellos y a escondidas porque nadie lo supo hasta hace pocos días”.

Amplía que además del título de propiedad, la DMV en Batabanó entregó materiales para que Roberto Sánchez, oficial del MININT que ocupa un puesto de dirección en el cuerpo de Bomberos del municipio, construya una confortable vivienda de mampostería. Destaca Serrano Mastrapa que a pesar de la insistencia y los fundamentos en que se basan las peticiones, tanto ella como el resto de los demandantes han sido víctimas de la burocracia.

Según le orientaron en el departamento de Atención a la Población de la DMV, los trámites deben realizarse a través de un abogado “de oficio” de la propia instancia que, resalta, “casi nunca se encuentra en la oficina” y “poco sabe o se preocupa acerca del caso”. La única vez que pudieron contactarlo, Serrano Mastrapa relata que “dijo no tener conocimiento sobre la situación. Nos habló de un expediente que debería existir pero que él nunca ha visto, y recomendó que fuéramos a ver a la Jefa de Personal de la DMV, que de querer ella podía ayudarnos”.

En la DMV, la respuesta de la Jefa de Personal, Damaris Bastida, informa Serrano Mastrapa no difiere de la empleada por el abogado. “Criticó al abogado acusándolo de no querer trabajar y nos peloteó de nuevo diciendo que ella no tenía nada que ver en eso, que quien se debía encargar de nuestros trámites era el abogado”, expuso Serrano Mastrapa. En busca de ayuda, otra de las ocupantes, Eliany Rojas Durán, envió en marzo una misiva al Consejo de Estado detallando minuciosamente el curso de los acontecimientos. Pasados seis meses el pronunciamiento del alto organismo se hace esperar, por lo que emitió una réplica en octubre pasado. En el contenido de ambas cartas se denuncian irregularidades y engaños perpetrados por funcionarios del gobierno en el municipio Batabanó.

En primer lugar, Rojas Durán señala al ex Presidente del Poder Popular Alberto Lugo, quien en una entrevista personal le comunicó que el gobierno local no disponía de un terreno que ofrecerle para resolver su problema.

Informa Rojas Durán que, contradictoriamente, en ese mismo período Lugo facilitó terreno y materiales de construcción a una hija.’

“Los camiones de materiales eran uno detrás del otro. Hicieron una casa inmensa en menos de cinco meses”, dijo Rojas Durán.

Así mismo, delató también a la Jefa de Personal de la DMV. En un caso similar, Damaris Bastida negó poder entregarle terreno o legalizar el que mantiene ocupado, mientras que separó una parcela de tierra para la construcción de una nueva vivienda familiar en El Sopapo.

En sus cartas, Rojas Durán involucra además, a Bárbara Pérez Díaz, Amarilis Blen Rodríguez, Duraisi López López y Yoenny Revilla Camejo, Inspectores de la DMV que indistintamente le engañaron sobre un “supuesto” procedimiento que sigue el instituto que representan.

“Vinieron y nos hicieron creer que teníamos que pagar las multas que pusieron y hacer muy rápido un bañito y una cocina para que el cuartico pueda ser considerado habitable, que después Vivienda estaba en la obligación de legalizarnos los terrenos”, cuenta Rojas Durán. “Cuando fuimos a reclamar a la DMV supimos que no era cierto, que en cualquier momento pueden demoler y desalojarnos”.

El engaño trajo como consecuencia un problema económico para los ocupantes. A las multas iníciales de 500 y 1000 pesos de la moneda nacional -MN- que impusieron los Inspectores de la DMV, en el proceso recomendado de ampliación inspectores de la oficina de Planificación Física, la Empresa Forestal y la Empresa Agropecuaria, se agregaron nuevas penalidades monetarias a las familias.

En total, Rojas Durán cuenta que en multas ha abonado más de 3000 pesos MN, el equivalente aproximado al salario que devenga en 7 meses de trabajo, y afirma que se niega a pagar una última de 100 pesos MN que le dejaron los inspectores de la Empresa Forestal por utilizar maderas en la construcción.

“No me quitan un centavo más, que me lleven presa si quieren. Tampoco me voy de aquí, si vienen a desalojar van a tener que matarme, ¿para donde me voy a ir?. No tengo a donde”, reflexionó Rojas Durán.

Eliany Rojas Durán padece de ataques epilépticos y tiene dos hijos menores de edad que viven junto a ella en condiciones infrahumanas, pues, la pequeña casa de paredes de madera y cubierta combinada de tejas de fibrocemento y zinc, posee piso de tierra y por negativa del gobierno no cuenta con servicios de agua potable y luz eléctrica.

“Los niños son los que más sufren”, lamenta. “El menor de mis hijos, que tiene 10 años, ha tenido varias crisis de nervios y el rendimiento académico bajó notablemente. A veces cuando llega de la escuela se pone a llorar y repite constantemente que no quiere que le quiten su casita”.

 

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