Publicado: Mie, 26 Feb, 2014

Desalojan familias de una prisión abandonada

Poblado La Riva Mayabeque. Como pasajeros de una nave en medio de una tormenta, más de 40 familias resultaron desalojadas por fuerzas de Policía Nacional Revolucionaria (PNR) el pasado 12 de febrero, luego de haber ocupado las instalaciones de la antigua prisión “Andrei Voísin”, donde se habían establecido desde hacía ocho semanas.

Es la segunda vez en seis meses que este grupo de ocupantes es desalojado. Todas las familias son originarias del poblado La Riva, ubicado a unos dos kilómetros de la cárcel abandonada y a veintiséis km del municipio Güines, provincia Mayabeque. Las casas de La Riva están construidas con techos de guano, paredes de tablas y los pisos son de tierra, condiciones infrahumanas que los pobladores han planteado al delegado del Poder Popular de la zona.

Al no obtener respuesta de las autoridades, los Rivereños decidieron instalarse en la edificación carcelaria sin autorización, movidos por la necesidad de una vivienda decorosa, muy a pesar de la inmensa plaga de mosquitos que frecuentan el lugar, una de las causas por la que fue desechada la prisión en 2011.

Entre los campesinos desalojados resalta la presencia de niños discapacitados y un niño autista. Un total de trece niños fueron víctimas de la acción represiva, lanzados al interior de carros jaulas, mientras los padres eran introducidos en carros patrulleros y un grupo de funcionarios destruía artículos domésticos y pertenencias de los habitantes ilegales. Fuentes del Órgano de Prisiones, brindaron apoyo al operativo.

Enelio Fernández, uno de los campesinos abatidos en la acción y padre de cinco hijos menores, considera la acción de “injusta y arbitraria, pues ellos (las familias) solo buscan mejorar su calidad de vida, habitando estos locales vacios y abandonados que pueden ser aprovechados, ya que sus hogares carecen de condiciones y la pobreza no les permite comprar materiales para repararlos”.

De acuerdo con declaraciones del Delegado del Poder Popular en la zona, que dice haber planteado la necesidad de esas familias, el ciudadano Leonel Hernández Pino, “El Partido y el Gobierno Provincial no tiene autoridad para entregar la cárcel como vivienda, ya que la instalación abandonada pertenece al Ministerio del Interior (MININT), y que próximamente va a ser demolida para aprovechar la estructura de acero”.

Si la política del Estado es habilitar espacios temporales para familias damnificadas, ¿por qué destruir una prisión abandonada antes de solucionar los problemas de la comunidad?

El gobierno niega que en Cuba se desaloja a los ciudadanos, una triste ironía que solo agrava el sufrimiento de los más pobres, humildes y marginados de la sociedad. Una fuente oficial del Instituto Nacional de la Vivienda que prefirió el anonimato, documentó a este reportero más de setecientos desalojos a nivel nacional en 2013, la mayoría en zonas rurales, donde los altos niveles de pobreza se agudizan producto al desamparo gubernamental.

El carácter represivo contra familias humildes y pobres en instalaciones abandonadas, declaradas ociosas y con planes de demolición, pone al desnudo la ambición, los abusos de poder y el doble rasero del Estado cubano. Cabría preguntarse en este caso, ¿dónde están los valores humanistas y solidarios de los que tanto se vanagloria la máxima dirección del país?

Actos como estos son otra muestra del falso compromiso e irrespeto por la constitución y el derecho humanitario internacional, en un país donde existen más de 40 mil damnificados que viven en albergues o comunidades de tránsito.

 

 

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