Publicado: Mie, 19 Feb, 2014

Prader Willi Versus Corrupción

A nevera segura... Santa Clara. Confieso que me sentí consternado cuando visité la vivienda ubicada en San Miguel 730B, entre Roberto Fleites y Circunvalación, reparto Condado, Santa Clara. En terribles condiciones allí viven Caridad Corcho Rodríguez y su hija Alianni Rodríguez Corcho, esta última con Síndrome de Prader Willi (SPW). Y todo ello a causa de la indolencia y la corrupción de funcionarios estatales.

El SPW es un desorden neuroconductual de origen genético. Las personas que lo padecen sufren reacciones negativas a las medicaciones, un alto umbral de dolor, problemas gastrointestinales, ausencia de vómito y temperatura inestable. Por esto están en gran riesgo de con rapidez desarrollar complicaciones médicas tan severas que les pueden ocasionar el fallecimiento.

Se conocen tres casos en la provincia y se computa un total de 20 en todo el país.  De ellos, una joven de 18 años falleció en la provincia Ciego de Ávila en octubre de 2013. Pereció sin que recibiera recurso alguno por parte del gobierno que la ayudara a evitar la obesidad mórbida que lleva a esta enfermedad, lo que provoca la muerte de los pacientes en edades tempranas.

A estos riesgos, en el caso de Alianni hay que agregar las pésimas condiciones en que vive.  Su vivienda tiene techo de cartón y las paredes consisten en pedazos de zinc y madera. El baño está fuera de la casa y la cama, colchoneta y sábanas también sufren mucho deterioro.

En busca de ayuda, en el año 2005 la señora Caridad Corcho se presentó en la institución de Vivienda Municipal solicitando asistencia. El director de esta entidad le aseguró que cuando entrara una asignación de vivienda disponible para casos críticos, ella sería la primera en recibirla. Sin embargo, seis años después Caridad y su hija sufren una situación aún más precaria.

Cansada de esperar, en junio de 2011 Caridad volvió a dirigirse a la referida entidad, mas recibió la misma lapidaria respuesta: aún no había entrado ninguna asignación.

Para Caridad Corcho y su hija tampoco resolvió el problema emprender un interminable ir y venir por instituciones estatales y gubernamentales: de la Asamblea Municipal del Poder Popular al Gobierno Provincial, sin dejar de pasar por la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia. Hasta viajó a la capital, a las Oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado. Allí le hicieron retornar a Villa Clara con la promesa de ayudarla.

Mas de vuelta en Santa Clara, continuó el peloteo de su caso. De la Asamblea al Órgano del Trabajo y Asistencia Social, de allí a la Federación de Mujeres Cubanas, a la entidad de la Vivienda y a Salud Pública. En todas partes chocó con un muro de desprecio, indolencia y corrupción.

Sin amilanarse por esto, se entrevistó con Pulido, director de Salud Pública municipal. Con él gestionó una dieta para los tres casos que padecen SPW en la provincia. Después de una larga lucha se logró aprobar la dieta especial 07-AD. Sin embargo, la entidad de Comercio que debería suministrarla no la aceptó, alegando que sólo se provee hasta los 18 años de edad.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) recomienda nevera con cerradura para proteger a los SPW de la excesiva ingesta de alimentos, lo que les puede provocar la muerte. Caridad pidió que le cambiaran su refrigerador por un aparato con cerradura, pero las autoridades se lo negaron. Alegaron que no existían de este tipo en el país.

El 5 de diciembre de 2012 la señora Corcho se entrevistó con Julio Limas Corso, primer secretario del PCC en la provincia, quien prometió ayudarla. Mas otra vez fue engañada.

Este es el trato que han recibido las personas aquejadas con SPW por parte de los funcionarios de un gobierno que se presenta ante el mundo como campeón de la solidaridad.

Por esa razón el 18 de noviembre de 2013 Caridad, junto a su hija Alianni y algunos activistas de Derechos Humanos, se presentó en el parque Vidal de Santa Clara con un cartel donde pedía ayuda a la Unión Europea para las personas que padecen SPW en su país. Personas enfermas que, además, son víctimas de la corrupción de los funcionarios estatales.

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