Publicado: Mar, 3 Jun, 2014

Las víctimas de la arbitrariedad

Foto tomada de Internet La Habana. Corrupción, burocratismo, apadrinamiento y posible tráfico de influencias son algunos de los ingredientes utilizados en contra el matrimonio compuesto por Xenia de la Caridad Sánchez y Ernesto Artaza, que desde 2010 es blanco preferido de funcionarios e instituciones en La Habana.

El próximo 24 de mayo cumplirán 17 meses de “apagón eléctrico”. La pareja asegura que es una medida que, tras acusarlos de cometer fraude eléctrico, la Empresa Eléctrica les aplica a modo de castigo, retirándoles el servicio.

Según Artaza, la interrupción se produjo tras la acusación de dos inspectores. Estos violaron la propiedad en ausencia de los dueños, y sin presentar pruebas documentadas, afirman haber detectado el fraude.

– Primero declararon que tenían en su poder una fotografía que habían tomado de un cable conectado fuera del reloj metro contador para robar el fluido. Exigimos verla, pero nunca apareció. Después dijeron que bastaba con su palabra – expuso Artaza.

En medio del proceso de reclamación, Sánchez y Artaza se vieron obligados a abonar una multa de $500.00 pesos en moneda nacional –MN- y poco más de $2000.00 pesos MN correspondientes a una supuesta deuda retroactiva, calculada por el tiempo de un año.

Para esclarecer la situación han presentado quejas en las distintas instancias de la Empresa Eléctrica. Pero los funcionarios a cargo se muestran esquivos e indiferentes al caso.

Después de varios meses de protestas, la Unión Nacional Eléctrica –UNE- , sin interceder en la disputa, les indicó que la solución del problema correspondía a la sucursal del municipio de residencia, en Boyeros. Sánchez nos informa que esta instancia reconoce la violación, pero no ofrece soluciones inmediatas.

– Es un burocratismo, un peloteo increíble. Saben que tenemos la razón y no hacen nada. Evaden dar solución con escusas y subterfugios que parecen burlas. Supuestamente tienen que realizar una investigación, pero ya hace un año que estamos sin servicio. ¡Se oye y no se cree! – comentó Sánchez.

Y asegura que el supuesto proceso investigativo es una maniobra para extender la falta de energía y oscuridad en su vivienda.

– De ser real la intención de arreglar el equívoco -dice-, bastaría con realizar la conexión. Según las regulaciones de la UNE, aunque se hubiera cometido fraude, luego de pagada la multa y presentado el comprobante bancario del primer pago del retroactivo, el cliente tiene derecho a que de inmediato le sea reincorporado el servicio –. Y concluye:- Pagamos todo al día siguiente, mas todavía esperamos porque se haga la luz en nuestro hogar.

La pareja hace hincapié que su odisea comenzó a partir de un diferendo con un vecino de alguna manera vinculado a un personaje perteneciente a los círculos de poder del gobierno. En 2001 Sánchez y Artaza compraron a Eduardo Betanzos sus terrenos en el reparto Bella Vista de Santiago de las Vegas, Boyeros, por un valor de $2000.00 dólares estadounidenses. La transacción se realizó en presencia de Lilian R. Figueroa y Eduardo Rodríguez en condición de testigos debido a que en aquel entonces estaba prohibida la venta de casas en Cuba. En consecuencia, matrimonio accedió a dar asilo a Betanzos dentro de la propiedad hasta que encontrase nueva residencia.

Sin embargo en 2007, y con el apoyo de la oficina municipal de Vivienda, Betanzos comenzó acciones constructivas en los terrenos que vendió al matrimonio, abriendo las puertas a un litigio que no tiene para cuando acabar.

Tres años más tarde, el Tribunal Provincial de La Habana falló a favor de reintegrar parte del terreno a la propiedad de Betanzos. Justo en esos días el matrimonio conoció de una carta enviada por José Antonio Fraga Castro, jefe y amigo comprobado de Betanzos y además sobrino de los hermanos Fidel y Raúl Castro, exigiendo al Consejo de Administración Municipal de Boyeros –CAM- “resolver la situación de la vivienda” de Betanzos.

Vecinos de la barriada han observado a Fraga Castro asistir a reuniones sociales ofrecidas por Betanzos, y han escuchado a este gritar bajo efectos de alcohol que el sobrino del actual presidente es su padrino.

Sánchez advierte que otro funcionario público se implicó en la estafa que significó la compra-venta. Tomás Paumier Polo, notario miembro del Ministerio de Justicia en el nivel Provincial y ex miembro de la Inteligencia del Ministerio del Interior, estuvo a cargo de tramitar el entonces ilegal traspaso de la propiedad a nombre de Sánchez en el Registro Notarial de Cojímar, Habana del Este. Sin embargo, el trámite quedó pendiente y el aludido nunca ha querido dar fe del contexto en que se inició.

– Una vez pagado el dinero, el trámite fue una farsa que nunca se llegó a concluir. Después de eso hemos visto varias veces a Betanzos relacionarse con Polo –denuncian Sánchez y Artaza.

Asimismo, el Director de la Oficina Municipal de Vivienda en aquel período, Yosvani Rodríguez Cuevas, informó al matrimonio que habían “desaparecido” varios documentos de su Expediente Básico de la Vivienda.

Incomprensiblemente, los mismos documentos aparecieron en poder de la defensa de Betanzos en una de las audiencias del juicio. El matrimonio posee un “hago constar” redactado por Cuevas que legitima que recibió los papeles perdidos.

En 2011, de los almacenes de Micro Brigadas de los importantes Laboratorios Farmacéuticos LABIFAM, donde trabaja como Económico bajo la dirección de Fraga Castro, Betanzos obtuvo un gran volumen de materiales de construcción para edificar una casa amplia y confortable en los terrenos en disputa.

Señalados por Sánchez y Artaza, otros funcionarios complicados en el caso son: Gelasio Caballero, ex jefe de sector de la policía, el que a petición de Betanzos detuvo a Artaza en múltiples ocasiones; Elena Cala, ex Delegada del Poder Popular; Lourdes Menéndez, ex vicepresidenta de Control y Fiscalización del CAM; e Irma Barreras, jefa de Atención a la Población del CAM.

De acuerdo a Sánchez, todos estos funcionarios pasaron por alto las denuncias debidamente documentadas que indistintamente presentó la pareja en sus oficinas, solicitando que atendieran “las arbitrariedades que estaban sufriendo”. Nunca recibieron los resultados de las investigaciones que corresponden como procedimiento.

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