Publicado: Mie, 20 Ago, 2014

El caso Los Bendecidos

María Antonia, propietaria de la tienda del mismo nombre La Habana. María Antonia Aguíar Serrano, propietaria de Los Bendecidos, una pequeña tienda de ropa en Independencia 1022, entre Lucha y Esperanza, poblado habanero de Managua, fue objeto de un decomiso en abril de 2009. Pérdida de la mercancía en los depósitos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), indemnización irrisoria por parte del Gobierno Municipal y reclamaciones traspapeladas hechas por la afectada, entre otras anomalías, son indicios que exponen la corrupción sobre éste y otros casos en la localidad, ubicada a veinte kilómetros del centro de La Habana.

Con la reaparición del sector privado en septiembre de 2010, la venta clandestina de ropa importada estuvo camuflada por la actividad de “Modisto o Sastre”. Si bien dichas prendas de vestir se mantuvieron en las perchas hasta finales de 2013 con considerables aportes a las arcas del Estado, habrá que preguntarse si algunos de estos negocios estuvieron sujetos a la extorción por parte de inspectores de la Oficina Nacional de la Administración tributaria (ONAT) y la PNR.

Cuenta María Antonia, trabajadora por cuenta propia desde hace quince años, que tanto a ella como a María Elena Terqueché, le aplicaron registros en sus tiendas con el fin de apropiarse de parte de su mercancía.

“Pienso que el decomiso era por dos cosas. Primero porque yo no caía en la extorción del primer teniente Yosbel, entonces jefe de sector en Managua, como hacía con el resto de los cuentapropistas. La otra porque querían aprovecharse de coger artículos para su beneficio”.

María Antonia fue acusada de “Actividad Económica Ilícita” en la Causa 16-2009 (caso 1156-17), dejando efectivo el decomiso de 26 mil pesos (1 020 dólares) en mercancía y 40 mil 660 pesos (1 630 dólares) en efectivo. Según Antonia, en el juicio le dicen que le “reintegrarían parte de la mercancía ocupada”, otorgándole un acta con la relación de artículos, pero nada del dinero ocupado.

“En realidad ellos (la PNR) fueron por ropa extranjera y al no encontrar cargaron con ropa de uso y otras confeccionadas por mí. Se llevaron objetos personales y 40 mil 660 pesos. Me dijeron que habían contado 28 mil pesos para quedarse con el resto, pero les dije que recontara bien y obviamente luego rectificaron”.

Después de un largo esperar por la mercancía que ya no existía en el depósito donde fue recibida, en la unidad policial El Capri, del capitalino municipio de Arroyo Naranjo, la PNR y el Gobierno Municipal deciden indemnizar a María Antonia con 26 mil pesos. María es visitada por Melba González, funcionaria del gobierno local, y por los oficiales encargados del decomiso, primeros tenientes Indira Tieble Sotolongo y Raudel Fuentes Reyes. No solo se negó a recibir la indemnización, sino que también acusó de robo a los funcionarios, como reza posteriormente en el Delito de Sustracción de Objetos y Custodia (queja 174-1856 del 31 de abril de 2011), apoyada por la joven abogada Kenia González.

“Nunca me devolvieron la ropa que aparece en el acta porque en realidad se la repartieron entre ellos (oficiales de El Capri y Gobierno Municipal). La indemnización presuntamente era de 26 mil pesos a pagar poco a poco y de manera informal, todo para remediar la ilegalidad cometida por ellos”, expone María Antonia.

Después de este otro hecho considerado por Aguíar Serrano como “extorción”, ésta decide presentar la reclamación ante los jueces de Ejecución del Gobierno municipal y provincial, con copias al Consejo de Estado de la República de Cuba. Por otra parte, el oficial que recibe la denuncia de María Antonia en la unidad de El Capri, Jorge Luís, le comenta que la respuesta podía demorar unos cinco meses.

“Pasado este tiempo vuelvo hacer la reclamación en la misma unidad. Cuando me buscan en la computadora se había borrado casi el 90 % de mis declaraciones. Luego me dicen que se procesó el caso y que los implicados en la pérdida de mí mercancía eran inocentes, y que además habían actuado correctamente”, agrega Antonia.

María Antonia no se queda con los brazos cruzados y acude a la Dirección Nacional de la PNR. Con buena suerte tropieza con el capitán Oni, quién hace gala de justicia y aclara parte de lo sucedido.

“El capitán Oni me dijo que a los oficiales Raudel e Indira le habían dado la baja deshonrosamente de la PNR, aunque yo luego me enteré que ellos la solicitaron personalmente. También me comunicó que a Melba la habían removido de su cargo en el Gobierno municipal”.

Según María Antonia, María Elena Terqueché sí aceptó la indemnización a cuenta gotas pactada con Melba.

¿Cómo es posible que por una parte los funcionarios hayan “actuado correctamente” y por otra se les sancione? ¿Por qué después del juicio la mercancía en depósito queda a Libre Disposición?

No obstante, en septiembre de 2013 funcionarios de la Fiscalía Provincial visitan a María Antonia en Independencia 1022. Por segunda ocasión le recalcan que “esas personas” habían actuado correctamente. En noviembre de ese mismo año, Aguíar Serrano recibe una carta del Tribunal Provincial donde oficialmente se decide indemnizarla y ésta acepta.

Sin embargo, cuando María Antonia se presenta en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo para aclarar el monto a indemnizar, la secretaria a cargo le plantea que son 1000 pesos (40 dólares) a cobra en la Caja Resarcirdora. Nuevamente se negó.

El caso de María Antonia suma ya más de cinco años sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades, respecto a la mercancía extraviada o su indemnización desproporcionada.
odelinalfonso@yahoo.com

 

 

Odelín Alfonso Torna

Odelín Alfonso Torna es periodista independiente y miembro de APLP

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