Publicado: Mar, 2 Dic, 2014

Vendedores furtivos en la mira

Foto Manuel Damián Mayabeque. Acciones conjuntas de diferentes departamentos del Ministerio del Interior –MININT- y el cuerpo de inspectores de la industria pesquera refuerzan la vigilancia en la provincia Mayabeque contra el comercio ilegal de alimentos marinos.

Aunque se han establecido opciones de gestión no estatal de empleo, para los pescadores privados se mantiene vedada la posibilidad de comercializar abiertamente sus productos. Sin embargo, en el afán de desbordar el asfixiante contexto económico en que subsisten la mayoría de las familias cubanas, pescadores y vendedores ambulantes buscan alternativas comerciales en el mercado subterráneo, exponiéndose a las agudezas de las leyes cubanas.

Según reportan diversas fuentes en Mayabeque, en los primeros días de noviembre se duplicaron los operativos policiales en las carreteras de acceso a algunas localidades costeras con tradición de pesca, al tiempo que se incrementan los registros a domicilios de pescadores independientes y supuestos receptores.

De acuerdo a una información ofrecida por Heriberto Alonso, pescador privado que vive en el municipio Melena del Sur, en Mayabeque, el 6 de noviembre miembros de la Policía Nacional Revolucionaria –PNR- llevaron a cabo dos registros a viviendas de pescadores en la pequeña comunidad costera de Cajío.

En días sucesivos, el 7 y 8 de noviembre, comunica, el epicentro de los operativos se movió hacia el poblado Melena del Sur, donde se realizaron cinco registros a domicilios de presuntos comerciantes ilegales de pescado y langosta.

A través de Alonso se conoció que “como resultado hay tres personas detenidas”, a quienes “le descubrieron grandes cantidades de pescado de primera calidad congelado y varios paquetes de los nylon -bolsas plásticas- que usan en la industria para envasar y comercializar los productos”.

Mariolis Becerra, residente también de Melena del Sur, observó como las autoridades retiraron de las viviendas inspeccionadas, al parecer incautadas, “un total de siete neveras criollas y dos tanques metálicos de 55 galones que almacenaban petróleo”.

Cerca de 20 kilómetros al oeste, en el municipio de Batabanó, fuerzas del MININT e inspectores de la Industria de la Pesca concentran la vigilancia en las arterias que conducen a la capital, hacia donde fluye el mayor contrabando de alimentos provenientes del mar.

En vías que recorren más de treinta kilómetros hasta La Habana, las autoridades interceptan la mayor cantidad posible de vehículos e inspeccionan las pertenencias de los viajeros intentando frustrar el tráfico de pescado y langosta. En ocasiones los transportes públicos son detenidos para registros más de cinco veces en el trayecto, desatando el rechazo de los viajeros quienes alegan sentirse asediados.

Roberto Turiño, un estudiante universitario que a diario utiliza el servicio de transporte público –camiones particulares- que cubre la ruta entre Batabanó y El Calvario, en La Habana, comentó que “es incomodo porque te revisan hasta en los objetos de uso personal. En casi todos los viajes cogen a alguien cargando pescado. Aunque sea unas pocas libras las confiscan y ahí mismo delante de todos enganchan la multa”.

Resalta que en los operativos de carretera terminan afectados comerciantes de otras ramas. Las autoridades “andan tras el pescado pero aprovechan la cobertura y atacan a los luchadores –término de usanza popular que define a los vendedores ambulantes- que llevan yogurt, ajo, cebolla, frutas y animales”.

De la rigurosidad con que el código penal castiga a los violadores de las normas comerciales dispuestas por la Industria de la Pesca, el ex vendedor ambulante Damián Piñeiro relata sus experiencias.

Según Piñeiro, se desvinculó de la actividad como consecuencia de la persecución, las multas, decomisos y la eminente posibilidad de recibir una sanción punitiva.

“Pagué multas de 7 mil, 5 mil, 3 mil, y no recuerdo ya de cuantas cantidades más porque fueron muchas. Me quitaron mercancías en pescado, langostas, camarones y bistec de caguama, equivalentes a más de 20 mil pesos moneda nacional. Una vez pasé cuatro días en un calabozo por transportar 25 libras de langosta. Por último, me redactaron dos actas de advertencia y me dijeron que la próxima vez me iban a meter preso”, confesó.

Sobre esas peripecias añadió que son el resultado de las políticas totalitarias que emplea el gobierno para mantener el monopolio económico como un método de sometimiento social.

“¿Porqué los pescadores no pueden vender a quien estimen mejor postor?, ¿porqué no permiten que personas como yo, que no roban, que lo que hacen es invertir y arriesgar en el proceso de comercialización el poco capital que poseen, obtengan una licencia y paguen un tributo para trabajar con tranquilidad?, son cuestionamientos que lanza Piñeiro. “Total, aprietan por aquí, aprietan por allá y al final la gente encuentra el punto de escape. Lo que hacen es desarrollar la capacidad de iniciativa del pueblo, ahora los luchadores están buscando pescado en otras rutas, como en Güanimar, Artemisa; o La Coloma, en Pinar del Río”.

A muchos parece incomprensible la perenne escasez de alimentos marinos en la red estatal de comercios habilitados para la economía del cubano promedio. No se explican como es posible que viviendo en una isla, degustar las bondades del mar se halla convertido en un lujo.

Algunos datos ilustran el deterioro, a la par de todos los ámbitos nacionales, de la Industria de la Pesca. Los volúmenes de captura en las tres últimas décadas disminuyeron cerca del 75 por ciento, mientras las importaciones en la última década se contrajeron poco más del 85 por ciento, una situación que afecta el balance entre la oferta, la demanda y los precios.

Estadísticas sacadas a la luz por la prensa oficial en agosto pasado, reflejan que de las 200 mil toneladas de pescado que se comercializaban hacia todos los sectores en los años 80, en 2013 solo se comercializaron poco más de 62 mil toneladas.
Las cifras publicadas apuntan que los volúmenes de captura en la plataforma nacional alcanzaron las 37 mil toneladas. En tanto la acuicultura, en pleno ascenso, reportó 25 600 toneladas. Las importaciones, de 61 mil toneladas en 2004, bajaron hasta 5 mil en 2013, de ellas un tercio se destinó al turismo.

El descenso de los indicadores se debe a la reducción en 1990 de las zonas internacionales, toda vez que la plataforma nacional no es pródiga en peces y el 26 por ciento clasifica como área protegida, guarismo con proyecciones de aumentar hasta el 2020.

Otros porqués exponen como motivos la casi total desaparición de la flota pesquera. De los 57 barcos con que contaba la Flota del Golfo al inicio del período especial, en la actualidad solo cuenta con cuatro navíos. Algo similar sucedió con las flotas atuneras y arrastreras.

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