Publicado: Mar, 14 Abr, 2015

Los medios y la sociedad civil cubana

Cecilia Campos ¿De qué sirve la libertad de expresión sin el derecho a ejecutar?

La Habana. En las últimas décadas, muchas han sido las referencias a la génesis de la sociedad civil en Cuba. Todo ello motivado por el replanteamiento –desde hace más de veinte años- de una praxis social perdida en el continuum histórico del proceso iniciado en 1959. Lo que resulta más interesante de este tema, que se remonta hasta finales del siglo XIX en la isla, es la extensa proliferación de publicaciones periódicas que en aquella época propiciara el afán organizativo de la sociedad. Más allá de los intereses que motivaron la creciente apertura social -en la compleja relación metrópoli- colonia, o centro de poder y periferia, como se prefiera- lo cierto es que el debate social entonces alcanzado a través del periodismo puede servir para movilizar nuestra actual sociedad civil.

En 1878 en la isla se aplicó provisionalmente la primera Ley de Imprenta relacionada con la actividad editorial. El imaginario social comenzó a alcanzar un inusitado protagonismo en las publicaciones periódicas. La palabra y la imagen impresa formaban parte de todos los debates de la sociedad en la medida en que nuevos actores comenzaron también a visibilizarse en el medio. El nuevo Código Civil y la Ley de Asociaciones –entre otras medidas- terminaron por cerrar la tríada que imprimió definitivamente otra dinámica a la realidad insular.

Cada organización fundada contó con su publicación periódica: partidos, instituciones culturales, sociedades de “color”, de blancos, chinos, anarquistas, de tabaqueros -hasta las prostitutas, con el periódico “La cebolla”- , todos contaban con su prensa. Por supuesto, la implacable censura estaba presente en este escenario, aunque más preocupada por aquellas ideas que pudieran generar un nuevo conflicto revolucionario que por el propio debate social.

A pesar de las aperturas introducidas en esta etapa en relación con las demandas de información periódica, una interrogante remitía de manera continua al centro de las preocupaciones civiles: “¿de qué sirve la libertad de expresión sin el derecho a ejecutar?” Obviamente, la sociedad civil circulaba por una etapa de crisis y tránsito que omitía las bases de todo tipo de consenso social. No sólo manifestando en términos de la defensa de los derechos civiles de los emergentes sujetos sociales, sino también de la creación y circulación de corrientes de opinión alternativas al discurso oficial. La prensa devenía en el mecanismo idóneo que impedía su homogenización.

En cualquier sociedad actual resulta indispensable la puesta en práctica de determinados presupuestos legales en relación con la circulación de pensamiento, corrientes de opinión, realidades emergentes o el debate social. Y tanto como la existencia de un código de ética dentro de la prensa o una Ley de Medios, no sólo ya de imprenta. Todos los debates sociales llevan implícitos contradicciones, del mismo modo que logran fundirse en el tupido tejido social y develar sus incongruencias y novedades. La prensa, o los medios de comunicación en general, incluidos los on line, están en el centro de ese debate.

La interrogante que hace más de un siglo movilizó y generó nuevas expectativas sociales vuelve a colocarse en el epicentro de las actuales preocupaciones de la sociedad civil cubana y a la vez se multiplica. ¿Circula realmente el debate social por los medios oficiales de comunicación en la isla?; ¿Resulta suficiente la Ley de Imprenta formulada en 1959 para guiar, establecer presupuestos y enfrentar el complejo debate que demanda la sociedad cubana actual?; ¿Además del debate reciente a favor de una Ley de Cine Cubano, no debería incluirse también una Ley de Medios que tuviera en cuenta las diferentes corrientes de opinión de los distintos actores sociales implicados en los últimos cambios constatados en la isla?; ¿Acaso la cuestión de la interrogante no radica en el derecho de expresar y ejecutar?.

En relación con los medios de comunicación, al final las actuaciones legales del Estado cubano terminan por obstaculizar la promoción de iniciativas en función de la dinámica del debate social, poniendo en crisis su legitimidad y credibilidad. La sociedad civil actual demanda espacios cada vez más amplios entre las alternativas sociales y oficiales.

Por tanto, el conjunto de cambios simbólicos, culturales, materiales, sociales que se verifican en el terreno de la práctica cotidiana, en las soluciones “a lo cubano” de la realidad contemporánea, inseparables ya de la nueva re-concepción del mundo, reclaman una distinta movilidad social, así como diferentes espacios de socialización y circulación dentro de nuestra sociedad civil.

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