Publicado: Mar, 28 Jul, 2015

La madre patria retrocede en democracia

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tomada de internet  La Habana. Los mecanismos contractuales de la democracia española andan sumidos en una profunda crisis institucional, después que la representación legitimizada por el pueblo para la administración y toma de decisiones, decretó la ley más impopular de la historia moderna en la nación ibérica.

La puesta en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el primero de julio, ilustra las deficiencias democráticas que sufren los Estados controlados por una sola fuerza política. El 82 por ciento de los españoles se oponen a la legislación, y acusan al Partido Popular –PP- del presidente Mariano Rajoy, de adecuar la libertad de expresión a conveniencias aristocráticas.

Los sectores de juristas, catedráticos, periodistas, políticos opositores y del propio PP, plataformas de ciber activismo, todos de manera general, han calificado sin excepción las nuevas normativas como el mayor atentado a la libertad de expresión en España durante los últimos años.

Junto a las personas con menos recursos, los inmigrantes, los movimientos sociales y activistas de derechos humanos, los medios de comunicación son los más perjudicados con la ley, y es que, las reformas que realiza al Código Penal, en esencia restringen bastante lo que se puede y no se puede hacer en Internet.

¿Pero realmente es un atentado a la libertad de expresión? Desde luego, y por un motivo fundamental: en la actualidad Internet es el principal vehículo de información y comunicación. Las directrices promulgadas en la “Ley Mordaza”, como fue bautizada por los medios y activistas en el calor de las protestas, se encaminan a controlar y recortar las posibilidades de uso del Internet.

Algunas de las regulaciones prohíben a los españoles realizar diferentes acciones online. Violarlas, conlleva a recibir multas de entre 100 y 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, y hasta a penas de cárcel en caso de ser consideradas delito penal.

Entre las limitaciones se encuentra consultar webs de contenidos delictivos. En tal sentido la ley esclarece que acceder de manera habitual a páginas Web que realicen divulgación o apología del terrorismo supondrá un delito según el artículo 575.2 del nuevo código penal, tras la reforma en materia de delitos por terrorismo.

Se entenderá que comete este delito quien acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de Internet, o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos en sus fines.

Solo visitar una página Web de este tipo de forma habitual podría estar penado con entre 1 y 5 años de cárcel. Nadie puede consultar estos sitios, ni siquiera en materia de fuente, aunque la caracterización entre lo que es y lo que puede llegar a cruzar la línea hacia el terrorismo, se queda en un plano subjetivo.

Otra forma de redacción ambigua del nuevo Código Penal, está en los delitos informáticos que ahora pasan a considerarse también terrorismo.

Por ejemplo, cuando los delitos informáticos tienen como objetivo “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”, se consideran también actos de terrorismo.

“Alterar gravemente la paz pública” a través de Internet, igual se considera un delito informático.

Sin embargo, ¿qué considera la ley que es alterar gravemente la paz pública? ¿Sería, por ejemplo, realizar una filtración de información confidencial como la que hizo Edward Snowden? Visitar una página Web de este tipo de forma habitual, se podría penalizar entre 1 y 5 años de cárcel.

Organizar protestas online y en redes sociales pasa a considerarse delito. Los artículos 578 y 579, castigan con penas de terrorismo la difusión de mensajes por Internet que puedan ser considerados “enaltecimiento o justificación pública” de los nuevos delitos, o la difusión de consignas que puedan incitar a otros a cometerlos.

El artículo 30 de la Ley deja claro que “se considerarán organizadores o promotores -de las protestas- quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas.

La traducción más elemental corrobora que este es un instrumento para controlar los movimientos sociales discordes a las políticas estaduales.

Pero quizás lo más llamativo de la legislación, sea la imposibilidad de publicar en Internet fotos de policías, porque pueden considerarse un delito si estas suponen un “peligro para su seguridad personal o familiar”.

La incertidumbre asoma en ese supuesto “peligro para su seguridad personal o familiar”. Increpo, ¿cómo van a medir exactamente la ley y los juristas ese “peligro”? Causa: no queda definido el peligro. Efecto: se coarta la libertad de expresión.

Como consecuencia la policía jamás podrá ser fotografiada mientras atropella a manifestantes pacíficos, ni se podrá denunciar hechos de esta índole.

La situación suena conocida, vista también por estos lares. Al final los lazos son innegables. Ciertamente, en la joya de la corona no constituye un delito penal fotografiar los cuerpos represivos en plena faena, no obstante, existen “reglas no escritas” que restringen las libertades de ese tipo.

Como dice el refrán: “de casta le viene al gazgo”. El que sale a los suyos no degenera.

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