Publicado: Mar, 28 Jul, 2015

La última frontera de la represión

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  aeropuerto La Habana. Los viajes de opositores cubanos al exterior ponen al descubierto la subordinación de la institucionalidad nacional a un organigrama de poder que responde exclusivamente a intereses políticos del régimen gobernante.

El andamiaje represivo llega hasta las instalaciones aeroportuarias, donde los tentáculos del Ministerio del Interior –MININT-, convierten oficinas aduaneras en cuarteles de interrogatorios extrajudiciales para miembros de la sociedad civil que son invitados a participar de talleres, intercambios y capacitación en el extranjero.

Las detenciones para requisas y hostigamiento, transcurren bajo la premisa de “enfrentamiento al terrorismo originado por grupúsculos de Miami y las actividades de carácter subversivo”, contenida en los Objetivos y Funciones de la Aduana General de la República. Sin embargo…

La mano oscura detrás de la competencia aduanera.

De acuerdo al Decreto Ley 162, la Aduana forma parte del sistema de Control Estatal y actúa en función de ello, conciliando las medidas de control con las de facilitación del comercio priorizando en los trámites y procedimientos administrativos, este criterio frente a las formalidades.

Constituye el órgano de control nacional en la frontera y de la actividad interna vinculada al comercio exterior, en función de la seguridad de la economía nacional, así como la recaudación fiscal y las estadísticas de comercio exterior, a través de las políticas estatales de competencia aduanera para el tráfico de viajeros, mercancías y medios de transporte.

Objetivamente, funciona como protectora de la sociedad ante el tráfico ilegal de armas, explosivos, drogas y sustancias químicas precursoras, de objetos del patrimonio nacional, especies protegidas y otras. Resguarda la economía nacional como veladora del cumplimiento de la política comercial, el enfrentamiento a la evasión y elusión fiscal y otros fraudes económicos. Recopila, procesa y brinda informaciones de orden económico. Recauda impuestos al presupuesto establecido en la política fiscal del estado.

Sobre el estatus legal de abordar viajeros para cuestiones políticas o migratorias, el Licenciado Wilfredo Vallín, Presidente de la Asociación Jurídica Cubana –AJC-, explica que el problema surge a raíz de las facultades que se atribuyen determinadas entidades y funcionarios.

“En el caso de la Aduana, las regulaciones de funcionamiento con respecto a la ley, permiten hacer indagaciones sobre equipajes, establece un control sobre los objetos que se transportan, pero no le toca indagar acerca de temas ideológicos o migratorios, y menos aún en un ambiente hostil”, comentó.

Argumenta que en esta situación se extrapolan funciones en flagrante violación de la ley, que es clara en cuanto a que ningún cuerpo o funcionario está por encima de lo que dicta. Cuando se superan los límites de competencia, se infiere en alguna tipología de delito. Tanto es así que en las estaciones policiales, al llegar un prisionero sin los elementos suficientes para confeccionar el acta de detención, los Carpetas se niegan a recibirlo porque conocen que en tales condiciones la detención se realiza en un marco ilegal.

Para que exista detención legal, tiene que existir un acta que la registre, de lo contrario se pudiera incluso denunciar como un intento de secuestro. En los interrogatorios de la Aduana también se necesita un acta de detención para retener a los viajeros en contra de su voluntad.

Normalmente quienes no asumen implicaciones por acciones que se derivan del abuso de poder, cuentan con una especie de potestad oculta que confiere la impunidad necesaria para obrar en favor de una fuerza determinada.

“Si la Aduana detiene a los opositores y los presiona para saber cosas así como hacia donde viajan, quien financia el viaje o qué objetivo tiene el viaje, es porque cumplen órdenes del Departamento de la Seguridad de Estado –DSE-. También pasa que son los mismos oficiales de la Seguridad, en el uniforme de la Aduana, quienes realizan las detenciones”, dijo.

Mecanismos de sometimiento y víctimas de la represión.

Por las experiencias de varias víctimas se ha podido establecer que las detenciones no son aleatorias o reglamentarias, sino que se realizan de manera dirigida a grupos o personas específicas. Los ordenadores de la entidad tienen identificados, marcados con el estereotipo de CR –Contra Revolucionario-, a los viajeros de la comunidad contestataria al sistema político.

A nivel mundial se implementa el recurso de “Habeas Data” – como una especie de instrumento amparador de los derechos humanos-, para reclamar excluir o conocer datos que afectan o deshumanizan sin basamentos lógicos a determinados ciudadanos. El gobierno cubano no reconoce este importante arbitrio para uso de nacionales.

Desde la perspicacia del Licenciado Amado Calixto, Vicepresidente de la AJC, la principal herramienta en la concreción de hechos represivos subyace en el la falta de conocimiento de los cubanos acerca de las leyes y derechos que estas les garantizan.

“Las personas tienen derechos y tienen que saberlos, porque solo así van a poder enfrentar con éxito las circunstancias que puedan surgir, que sabemos van a llegar de maneras impensadas”, relató.

Entre las maniobras que se originan para aprovechar la ignorancia común de los viajeros, se manipula el artículo 62 de la Ley de Aduana para confiscar las pertenencias retenidas, intentando confundir a los propietarios alegando abandono. La mayoría de las personas desconocen que el plazo para la pérdida de las pertenencias por abandono, es de sesenta días.

A varios periodistas independientes se les ha intentado incautar medios de trabajo a su regreso al país. En algunos casos las reclamaciones no han progresado, otros han tenido mejor suerte.

A Odelín Alfonso Torna, Web Master de la página digital cubaprensalibre.com, en febrero pasado le retuvieron una laptop y dos teléfonos. Días después finalmente los recuperó, pero la computadora al parecer fue saboteada pues, poco más tarde comenzó a presentar problemas técnicos.

El uso excesivo y directo de la fuerza e influencia por parte de oficiales de la seguridad, aparece como otro factor de coerción que se conjuga con la des ilustración legal de los viajeros. Se hace recurrente que los opositores son retenidos en los aeropuertos por periodos cortos, y sometidos a interrogatorios por individuos que en ocasiones ni siquiera muestran una credencial identificadora del cuerpo al que pertenecen.

No obstante, la Ley de Procedimiento Penal, amparada por el Artículo 63 de la Constitución, permite rehusar responder cualquier tipo de interrogatorio, aunque este sea realizado por una autoridad de alta jerarquía. La utilización de la fuerza o de intimidación para conseguir declaraciones, constituyen una violación sancionada por los tribunales.

“Nadie está obligado a decir nada, sencillamente pueden decir sin miedo que no van a responder sobre ningún asunto y que la ley los protege en tal sentido”, informa Calixto.

El 29 de junio la Psicóloga Marisleydis Sánchez Vargas y el escritor y periodista independiente Ernesto Pérez Chang, fueron entrevistados forzosamente por funcionarios de Aduana sobre temas políticos y migratorios en el Aeropuerto Internacional José Martí de la capital, cuando iniciaban un viaje con fines de capacitación.

“Me hicieron preguntas injerencistas sobre el financiamiento de los gastos. Intentaron acosarme diciéndome que tenía doble nacionalidad y lo estaba escondiendo. Mencionaron el nombre de personas que iban al mismo curso, y yo ni las conocía aún; o sea, nos estaban chequeando desde hace tiempo”, comentó entonces Sánchez.

A su regreso, el 5 de julio, atravesó una situación similar. Vaciaron las pocas pertenencias que traía, incluyendo las prendas de vestir, y las revisaron minuciosamente “como si estuvieran buscando drogas o se tratara de una terrorista”.

La lista de opositores que sufrieron represión por parte de funcionarios aduaneros ya es bastante amplia, pero todavía ninguna organización se da a la tarea de emitir un reporte específico que denuncie cada caso. Mientras el fenómeno se repite una y otra vez, algunos de las víctimas son Elizardo Sánchez, Roberto de Jesús Guerra, José Antonio Fornaris, Carlos Ríos, Yaquelín Cutiño, Yaremis Flores, Alejandro Tur Valladares, Juan Carlos Linares, Andy Sierra, Yusmila Reina, Odelín Alfonso Torna, José Luis Pérez León, Marisleydis Sánchez y Ernesto Pérez Chang, entre otros muchos más.

¿Qué hacer?

Los dos principales directivos de la AJC recomiendan denunciar los atropellos, no callar y automáticamente convertirse en víctima-cómplice del delito. Lo pueden hacer ante la Policía Nacional Revolucionaria, en Fiscalía o cualquier otra instancia estatal en obligación de cuidar los derechos ciudadanos.

De manera casi redundante, ambos aconsejan estudiar antes que nada nuestras leyes.

“Que contacten y vengan a la asociación, estamos en la mejor disposición de ayudarlos a que aprendan, hemos impartido cursos de ayuda y lo podemos volver a hacer de ser necesario”, afirma Vallín.

La idea ya la han compartido con el DSE. Se encuentran en disposición de recibir en un aula, además, a los miembros de los cuerpos represivos, “porque muchos de ellos también están sumidos en la ignorancia, para que sepan que lo que hacen es ilegal y les puede traer consecuencias”.

“Lo fundamental de esto es comprender que no van -el DSE- a buscar una información que no sepan ya, lo hacen para intimidar, para amedrentar, desestabilizar a la oposición”, concluyó Calixto.

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