Publicado: Lun, 26 Oct, 2015

Base Naval de Guantánamo: la ecuación que no tiene solución

Licenciado Amado Calixto La Habana. En la era del deshielo hemos visto muchas concesiones venir y muy pocas ir. Finalmente, pasó lo inesperado y fueron condonadas las sentencias a los tres espías de la Red Avispa, Cuba fue excluida de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y mientras se viabilizan canales para desmantelar el embargo económico, ya se producen nuevas operaciones comerciales con el vecino del Norte.

En cambio –según los resultados informados sobre las negociaciones–, solo consta la liberación del contratista norteño Alan Gross, en compañía de un grupo de ex agentes CIA cuyas identidades y vinculación con el gobierno caribeño continúa siendo una incógnita para la opinión pública de ambas orillas.

Puestas sobre la báscula, es evidente dentro de cuál sombrero van cayendo las mejores ganancias. Pero al parecer, el régimen de Raúl Castro quiere ‘limosnas con escopeta’, pues para alivianar el camino a la reconciliación exige sin prórrogas y al margen de la legalidad, la devolución del territorio arrendado para la Base Naval en Guantánamo.

Esta vez la solución se vislumbra con mayores complicaciones, puesto que el significado estratégico que juega la Base para Norteamérica como llave del Golfo, por la cercanía al Canal de Panamá y para la defensa de ese país, concede al régimen criollo pocas variantes de intercambio en un escenario de igualdad de condiciones, e inclusive limita cualquier ofrecimiento de prerrogativas–por la magnitud económica o alcance político de lo que tendría que entregar–.

Una mentira mil veces contada se puede convertir en verdad.

La exposición a la desinformación, inyectada a través de los medios de difusión y el sistema educativo, trastoca la realidad histórica que percibe la sociedad cubana con respecto a la legitimidad de la Base.

Numerosas personas abordadas por este redactor, variando segmentos generacionales, para referirse a la presencia estadounidense en Guantánamo en algún momento utilizaron términos como “ilegal”, “usurpado” o “arrebatado” –estos dos últimos refiriéndose al territorio que ocupa la Base–.

“Una velocidad de los ‘yumas’. Es ilegal, no sé por qué pero cuando el gobierno lo dice tantas veces sus razones tendrá”, comenta Rosa Elena Márquez, una gastronómica de la capital.

Otra arista de criterios concluyó que el arrendamiento había finalizado en 1999, y que la permanencia se sostenía gracias a la supremacía militar de EUA.

En el mejor de los casos, algunos expusieron que el convenio se firmó en la etapa republicana, pero había perdido vigencia debido a que las administraciones norteamericanas dejaron de pagar al “gobierno revolucionario” las cuotas del arrendamiento.

La desincronización en las respuestas, según el aporte de la Licenciada en Comunicación Social Dayamis Bustamante Rodríguez, corresponde “al procesamiento de informaciones incorporadas a través de patrones de imitación, informaciones que además provienen de canales contaminados. Existe una desconfianza expresa en la desatención a las fuentes emisoras oficiales”.

Amplía Bustamante que “la gente tiene una percepción incrédula de las versiones autorizadas, pero tampoco se resiste a la influencia del eco popular y es entonces donde comienza el ajiaco. Se puede concluir que el denominador común es el desconocimiento”.

¿Realmente es ilegal la base?

El artículo VII del Tratado Permanente firmado por los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, el 22 de mayo de 1902, refiere: “Para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos”.

El 3 de julio de 1903 se firmó el convenio que inició la legalización del arrendamiento para la implantación de la Base Naval en Guantánamo, llevado a cabo por plenipotenciarios nombrados por los presidentes de ambos países. Como representante del arrendador asistió Herbert G Squiers, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Habana; del lado cubano fue nombrado José M García Montes, Secretario de Hacienda e Interino de Estado y Justicia.

La licitación para la Base fue aprobada por el Senado de la República de Cuba el 16 de julio de 1903, ratificado por el Presidente de Estados Unidos el 2 de octubre, 1903, y por su par cubano en agosto 17 de 1903. Las ratificaciones se canjearon el seis de octubre del mismo año en la ciudad de Washington, y se publicaron en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el siguiente día 12.

Dos meses más tarde, en diciembre 10, los estados Unidos de América tomaron posesión del arrendamiento pactado.

“La Base no es ilegal bajo ningún concepto”, revela el Licenciado Amado Calixto, Vicepresidente de la Asociación Jurídica Cubana, con sede en La Habana. “Su presencia fue concertada por los mecanismos democráticos de la República, según las leyes y la Constitución –de 1902– de aquel momento. Lo que pasa es que sencillamente este gobierno desconoce cualquier ley fuera de su autoría“.

De acuerdo al jurídico, en contraparte el estado norteamericano cumple con los puntos establecidos por los artículos que dan cuerpo legal al arrendamiento, lo que complica las posibilidades de éxito en las demandas cubanas.

“Cada año depositan –los EUA– la suma de dinero correspondiente a una cuenta estatal cubana. El gobierno aquí nunca ha querido hacer uso de ese dinero pero ya es asunto de ellos”, informa Calixto quien asegura que “no hay un motivo por el cual se pueda recurrir justificadamente a los organismos internacionales para forzar a los estadounidenses a devolver el territorio”.

La única ilegalidad detectada a través de 112 años, explica, radica en la violación de los fines autorizados en la contratación para la instalación de la estación naval.

La cárcel “está fuera del contexto legal, el territorio no fue arrendado para esa actividad”. Sin embargo, ese hecho no alcanza para exigir en un tribunal internacional la devolución del mismo, sino para “pedir que se restituya el uso acordado en el convenio”, todo esto “en el marco de los Tratados anteriormente firmados”.

Según Calixto, “lo que hacen es solicitar la renegociación del convenio, saben que no tienen como pedir la devolución. Siempre han dicho que Cuba aceptó para poder acceder a la soberanía, en esa valoración ellos mismos están reconociendo que la Base es legal. Dicen que fue un chantaje político”.

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